El Gobierno de Perú enfrenta una de las etapas más críticas en materia de seguridad ciudadana de las últimas décadas. De acuerdo con el primer ministro, Ernesto Álvarez, el país atraviesa un momento alarmante en el que cuatro de cada diez habitantes han sido víctimas de extorsión, un delito que se ha convertido en una práctica cotidiana en distintas regiones, afectando tanto a ciudadanos como a empresarios y comerciantes.
La gravedad de la situación llevó al Ejecutivo a decretar el estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia del Callao, los principales núcleos urbanos del país. Esta decisión, respaldada por el presidente interino José Jerí, busca frenar el avance del crimen organizado y responder a la creciente presión social por la inseguridad.
“El estado de emergencia es un intento por aminorar la presión que tiene el ciudadano común respecto a la extorsión”, explicó Álvarez durante una entrevista con el Canal N, al reconocer que la delincuencia organizada se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad.
De un problema local a una amenaza nacional
El primer ministro recordó que hace algunos años el fenómeno de la extorsión parecía limitado a zonas específicas, como la ciudad norteña de Trujillo, donde se reportaron los primeros casos sistemáticos de amenazas, cobros ilegales y secuestros exprés.
Sin embargo, en la actualidad, la criminalidad se ha trasladado a Lima, afectando a todos los sectores económicos y sociales. “Nadie le daba importancia cuando el problema comenzó. Hoy está presente en todos los estratos sociales”, afirmó el jefe del gabinete.
Esta expansión ha obligado al Gobierno a desplegar medidas extraordinarias que incluyen la suspensión de derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y el derecho de reunión. Aunque las restricciones buscan facilitar la actuación policial y militar, también han generado debate entre juristas y organizaciones civiles sobre su impacto en las libertades individuales.
Implicaciones del estado de emergencia
El decreto de emergencia otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en zonas de alto riesgo, realizar operativos sin orden judicial y detener a sospechosos de actividades vinculadas al crimen organizado.
El propio Álvarez subrayó que el objetivo principal es evitar que la respuesta estatal derive en un escenario permanente de limitación de derechos, pero advirtió que la magnitud del problema obliga a actuar con firmeza.
El Callao, principal puerto marítimo del país, se ha convertido en un punto estratégico para las organizaciones criminales, debido al tráfico de drogas, armas y mercancías ilegales. Por su parte, Lima registra un incremento sostenido de homicidios, secuestros y extorsiones a comercios, transportistas y profesionales independientes.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, los casos de extorsión se han triplicado en los últimos cinco años, y las denuncias aumentan en promedio un 30% anual.
Protestas y descontento social
Antes del decreto de emergencia, la capital peruana vivió manifestaciones multitudinarias de ciudadanos que exigían una respuesta inmediata ante el aumento de la inseguridad. No obstante, las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, dejando una persona fallecida e intensificando la tensión política.
El primer ministro reconoció que existen diferencias entre quienes protestan pacíficamente y aquellos grupos violentos que “actúan por la noche para atacar a la Policía Nacional y generar conmoción social”.
“Estamos hablando de gente entrenada, que a veces supera en número a la Policía”, señaló Álvarez, destacando la complejidad de controlar a grupos que, según las autoridades, operan con tácticas coordinadas para desestabilizar el orden público.
La muerte de un manifestante y la polémica policial
La situación se agravó con la muerte de Eduardo Cruz, conocido en redes sociales como “Trvco”, quien recibió un impacto de bala durante una de las protestas. El hecho desató una ola de indignación y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
El suboficial Luis Magallanes, señalado como responsable del disparo, enfrenta un proceso de investigación por presunto homicidio. Según la versión de su defensa, el agente no disparó directamente al cuerpo del manifestante, sino que efectuó un tiro al suelo, y el proyectil habría rebotado antes de impactar en la víctima.
El primer ministro pidió prudencia y aseguró que los peritajes determinarán la responsabilidad final. “Si se confirma que el proyectil tuvo un rebote previo, la responsabilidad del agente disminuiría notablemente”, explicó.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación solicitó el impedimento de salida del país para Magallanes y un mandato de comparecencia con restricciones, una medida intermedia que reemplaza la detención preventiva.
Reacciones y consecuencias políticas
Diversos sectores políticos peruanos han expresado posturas encontradas. Mientras que el Ejecutivo defiende el estado de emergencia como una acción necesaria para frenar la criminalidad, organismos de derechos humanos y partidos de oposición advierten sobre el riesgo de abusos y de un retorno a políticas represivas.
Expertos en seguridad consideran que la medida es temporalmente necesaria, pero insisten en que sin una reforma integral del sistema judicial y policial, los resultados serán limitados.
El sociólogo peruano Juan Carlos Tafur declaró que “el problema no radica solo en la falta de presencia policial, sino en la impunidad estructural que permite a las bandas operar con total libertad”.
Perspectiva futura: entre la urgencia y la reforma
El Gobierno de José Jerí enfrenta el desafío de restaurar la confianza ciudadana en medio de un panorama de inseguridad y descontento social. Las encuestas más recientes reflejan que más del 70% de la población desconfía de las instituciones policiales y judiciales, lo que evidencia una crisis de credibilidad que va más allá del tema delictivo.
A mediano plazo, el Ejecutivo busca implementar un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que articule esfuerzos entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales.
Mientras tanto, las calles de Lima y Callao permanecen bajo vigilancia reforzada, con controles militares, patrullajes mixtos y toques de queda parciales en algunas zonas críticas.
La ciudadanía espera que estas medidas no solo contengan la violencia momentáneamente, sino que marquen el inicio de una estrategia sostenida para recuperar la paz y la estabilidad que Perú necesita.
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