La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la empresa Uber no cuenta con autorización federal para ofrecer servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país, pese a que un juez otorgó una suspensión que limita la actuación de la Guardia Nacional durante los operativos en dichas zonas.
Contexto legal y operativo
La precisión de la dependencia federal surge tras una serie de operativos de la Guardia Nacional en diversos aeropuertos, realizados con el fin de impedir la operación de vehículos asociados a plataformas digitales que, según las autoridades, carecen de permisos federales de transporte.
Ante estas acciones, Uber promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, argumentando que los conductores estaban siendo objeto de detenciones arbitrarias y revisiones injustificadas.
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que ordena a las autoridades federales realizar cualquier inspección o revisión en estricto apego a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento.
La aclaración de la SICT
Pese a la resolución judicial, la SICT enfatizó que dicha medida no representa una autorización para que Uber u otras plataformas tecnológicas presten servicios de traslado en aeropuertos.
“La suspensión únicamente busca evitar actos arbitrarios o discriminatorios, pero en ningún caso implica una autorización legal para operar”, señaló la dependencia en un comunicado.
Asimismo, la Secretaría recordó que los servicios de transporte que sí están legalmente permitidos en los aeropuertos incluyen taxis concesionados, transportes turísticos y autobuses con permisos federales vigentes, todos sujetos a supervisión y control administrativo.
Antecedentes de un conflicto recurrente
El conflicto por la operación de plataformas de transporte privado en aeropuertos no es nuevo. Desde hace varios años, las asociaciones de taxistas federales han manifestado su inconformidad con la presencia de aplicaciones como Uber, DiDi o Cabify, argumentando que estas compañías generan competencia desleal y afectan los ingresos de los concesionarios tradicionales.
En varias terminales aéreas del país, los choferes de plataformas digitales han denunciado intimidaciones, sanciones y decomisos de vehículos durante los operativos, lo que ha generado tensión con las autoridades aeroportuarias.
Por su parte, Uber sostiene que su modelo de operación responde a las necesidades de los usuarios, quienes buscan seguridad, transparencia y precios competitivos, y ha insistido en que el marco legal mexicano debe modernizarse para incorporar a las plataformas tecnológicas dentro de la regulación del transporte federal.
Postura del Gobierno Federal
La SICT reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad y legalidad en el transporte de pasajeros dentro y fuera de los aeropuertos, actuando “con estricto apego a derecho y sin discriminación”.
Además, la dependencia recordó que la ley vigente establece que cualquier vehículo que preste servicios de transporte de pasajeros en rutas o zonas bajo jurisdicción federal —como los aeropuertos— debe contar con autorización y permisos federales expedidos por la SICT.
El Gobierno Federal ha insistido en que las plataformas tecnológicas deben regularizar su operación conforme a la Ley de Autotransporte Federal para evitar sanciones y conflictos con las autoridades.
Impacto y reacciones del sector
Especialistas en derecho del transporte han señalado que este tipo de amparos no modifican el marco jurídico existente, sino que únicamente delimitan la forma en que las autoridades pueden ejecutar sus facultades de inspección.
Mientras tanto, usuarios frecuentes de las aplicaciones han expresado en redes sociales su preocupación por la falta de opciones de transporte seguro y eficiente al salir de los aeropuertos, especialmente en ciudades con alta afluencia turística como Cancún, Guadalajara o Ciudad de México.
Empresarios del sector hotelero y turístico también han pedido al Gobierno Federal revisar la normativa para encontrar un punto de equilibrio entre la innovación tecnológica y la regulación tradicional del transporte, en beneficio de los usuarios y la competitividad.
Perspectiva futura
El caso de Uber y su operación en aeropuertos podría convertirse en un precedente relevante para el futuro de la movilidad en México.
De confirmarse judicialmente los límites de la actuación de la Guardia Nacional, podría abrirse una discusión más amplia sobre la necesidad de actualizar la legislación federal que regula el transporte de pasajeros y las nuevas formas de movilidad digital.
En este contexto, la SICT reiteró que mantendrá el diálogo abierto con las empresas de plataformas tecnológicas, con el objetivo de garantizar orden, seguridad y equidad en el servicio de transporte público en todo el país.
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